LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

3. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

3.1. CLASES DE PROCEDIMIENTOS

Podemos distinguir las siguientes clases de procedimientos administrativos:

- Procedimiento ordinario: es el procedimiento general regulado en el título VI de la Ley que, tiene carácter de legislación básica, común y, por tanto, supletoria en defecto de norma especial.

- Procedimientos especiales:

§ Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, recogido en el Título IX de la Ley 30/1.992, y en Real Decreto 1398/1.993, de 4 de agosto, por el que se aprueba le Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

§ Procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: recogido en el Capítulo I del Título X de la Ley 30/1.992, "Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública" y en el Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.

§ Procedimiento de Recaudación, regulado en el Real Decreto 1684/1.990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

3.2. FASES

Las fases del procedimiento administrativo son:

Iniciación
Ordenación
Instrucción
Terminación

Procedemos a su estudio a continuación

3.2.1. Iniciación

El procedimiento administrativo puede así iniciarse tanto de oficio como a solicitud de persona interesada.

A) Iniciación de oficio.

El art. 69 Ley 30/92 señala que el procedimiento se iniciará de oficio cuando así lo acuerde el órgano competente; y este acuerdo de iniciación de oficio podrá adoptarlo el órgano competente:

Por propia iniciativa
Por orden del órgano superior
Por petición razonada de órganos inferiores
Por denuncia de particulares

B) Iniciación a solicitud del interesado.

Recogido en el artículo 70 de la Ley 30/92, es distinta de la simple denuncia (que, como acabamos de ver, determina la iniciación de oficio), es la instancia de persona interesada.

Las simples peticiones no obligan a la Administración a resolverlas, sino tan sólo a acusar el recibo de las mismas.

No obstante, el artículo 77 de la Constitución señala, en caso de peticiones dirigidas a las Cámaras Legislativas, que el Gobierno está obligado a explicarse sobre el contenido de tales peticiones cuando las Cámaras así lo exijan.

C) La forma de la solicitud.

Conforme al art. 70 de la Ley 30/92, las solicitudes deberán contener:

Nombre y apellidos del interesado, medio preferente o lugar que señale a efectos de notificación así con el de la persona que actúe como representante
Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige
Hechos, razones y petición, en que se concrete con toda claridad la solicitud
Lugar y fecha
Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio

Tanto del escrito de iniciación, como de los demás que presenten los interesados, podrán exigir el correspondiente recibo, admitiéndose como tal una copia simple del escrito o documento en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina.

En este sentido, hemos de señalar que el RD 522/2006, de 28 de abril, suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes y el RD 23/2006, de 28 de abril, suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y residencia.[1]

D) Subsanación y mejora de la solicitud.

Si el escrito de iniciación del procedimiento no reuniera los datos que señala el artículo 70, se requerirá al que hubiera firmado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, de no hacerlo así, se archivará la instancia sin más trámite (artículo. 71 Ley 30/92)

Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ellos se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

E) Lugar de presentación

Señala el artículo 38.4 de la Ley 30/92, que las solicitudes y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

· En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

· En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la alguna de las Entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

· En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

· En representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

· En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Mediante convenio de colaboración suscrito entre las Administraciones Públicas, se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática y la transmisión telemática de los asientos.

Cada Administración establecerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos.

Se podrán crear registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos.

Los registros telemáticos sólo estarán habilitados para la recepción o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los procedimientos y trámites de la competencia del órgano o entidad que creó el registro y que se especifiquen en la norma de creación de éste, así como que cumplan con los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la información que se señalen.

Los registros telemáticos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos de cómputo de plazos, la recepción en un día inhábil para el órgano o entidad se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente.

[1] Puede consultar ambas normas en el anexo legislativo del tema.